El agua no puede ser un enemigo

En medio de la ola de tristeza, feridad e indignación provocada por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, numerosas personas han expresado su opinión y sentimientos a través de todos los medios. Dentro del mundo de la ciencia, científicos de los campos de la meteorología, hidrología, geología y la ecología, entre otros, han expuesto sus cuidados y expertos análisis, que deberían constituir el punto de partida de cualquier iniciativa política y técnica para abordar con urgencia y seriedad esta problemática.

Personas muy relevantes de nuestras instituciones de investigación, como los ecólogos Narcís Prat y Joan Pino, el especialista en políticas de gestión del agua Annelies Broekman, o el experto en territorio y cultura Josep Maria Mallarach, han dejado claras las numerosas y complejas raíces del conflicto y las mejores formas de abordarlo. Por tanto, poco podría añadir a todo lo que se ha dicho. Por eso, el espíritu de este artículo es aportar una mirada global, incorporando las diversas aproximaciones desde la experiencia en planificación y gestión del territorio. Ojalá pueda resultar útil.

El comportamiento de la naturaleza, sus características y funcionamientos, así como el carácter de nuestro territorio y de nuestra cultura es algo bien estudiado y un contexto ampliamente documentado, lo que produce aún más estupor y rabia frente a cada nuevo episodio, como si no hubiéramos aprendido nada. Desde hace siglos, existen escritos, desde los populares hasta los primeros de carácter científico, como las Observaciones de Cavanilles, donde ya en el siglo XVIII describía las terribles avenidas que se daban en las mismas cuencas que hace pocas semanas se inundaron.

No descubriré ahora cuáles son los factores territoriales que provocan esta recurrencia de riadas e inundaciones en buena parte del litoral ibérico del Mediterráneo. Por un lado, los relacionados con la climatología, principalmente las ya famosas DANA (las antiguas gotas frías) que sobre todo en otoño provocan grandes intensidades de precipitación y acumulación de lluvia cuando se junta un embolsamiento de aire frío en altura y una elevada temperatura del agua del mar. Por otro lado, la orografía de buena parte de la costa mediterránea, con un predominio de las cuencas hidrográficas relativamente pequeñas, redondeadas y con gran pendiente, que acumulan mucha agua en poco rato en los cauces de los torrentes y en las tierras bajas cercanas a la costa.

Estos factores geográficos son prácticamente imposibles de modificar para reducir el riesgo, a menos que se acometiesen grandes obras hidráulicas para modificar la morfología y la hidrología del terreno, intervenciones faraónicas ya menudo ineficaces, que sólo son viables, desde todos los puntos de vista, de forma puntual en lugares muy determinados. Por el contrario, el escenario meteorológico actual, en el contexto del cambio climático, provoca unos episodios aún más extremos, con un agua del mar y un aire más calientes, que favorece que se acumule más vapor de agua en la atmósfera y, en consecuencia, mayor precipitación en forma torrencial, tanto en intensidad como en cantidad acumulada.

Cualquier manual sobre un determinado riesgo establece que éste depende de la conjunción de tres factores: la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad. El peligro de inundación se debe a la elevada probabilidad de acontecimiento de fenómenos meteorológicos extremos y a las características del territorio mencionado. Lógicamente, esta peligrosidad no es la misma en todas partes y esto es lo que está cartografiado en Cataluña en la “Delimitación de las zonas inundables” que lleva a cabo la Agencia Catalana del Agua (ACA), en base a cuidadosos estudios y modelos que incluyen elementos climatológicos, geomorfológicos e hidrológicos del territorio.

Esta cartografía de las zonas inundables caracteriza al territorio en base a su probabilidad de inundación. Así, zonifica los espacios fluviales en función de los llamados períodos de retornos de 10, 100 y 500 años, es decir, los lugares que tienen una elevada probabilidad de inundarse durante los próximos 10, 100 y 500 años. La cartografía contempla muchas más cuestiones, pero con esto basta para entender que tenemos perfectamente delimitado el territorio en función del mayor o menor peligro de inundación. En el visor cartográfico de la ACA puede ver el mapa de peligro de inundabilidad para los diversos períodos de retorno.

A partir de esta zonificación se establecen una serie de condiciones en el establecimiento de usos y actividades en las zonas inundables, tanto para evitar las afectaciones a bienes y personas como para facilitar la funcionalidad más natural posible del espacio fluvial, de modo que el agua no encuentre obstáculos que impidan el movimiento y desagüe durante los episodios de avenidas. Así, en las zonas de mayor inundabilidad, llamadas zonas de flujo preferente, no se admiten usos ni actividades vulnerables o que supongan reducciones significativas de la capacidad de desagüe.

A pesar de la existencia de este análisis de la peligrosidad y toda la planificación derivada, a nadie se le escapa que las zonas inundables están llenas de edificaciones, infraestructuras y actividades que se ven fuertemente afectadas por las riadas y, al mismo tiempo, condicionan notablemente la morfología y dinámica de los espacios fluviales. Es decir, la ocupación de las zonas inundables ha provocado una exposición de bienes y personas al peligro, apareciendo un mayor o menor riesgo en función de la ubicación concreta y de la vulnerabilidad de los usos y actividades que se desarrollan.

De hecho, en Cataluña aproximadamente el 15% de las áreas urbanizadas (residenciales, polígonos industriales, equipamientos, servicios, infraestructuras, etc.) se encuentran en zonas inundables. El 9% de la población de Cataluña, más de 700.000 personas, viven en zonas inundables (período de retorno de 500 años) y un 1,4%, 110.000 personas, en zonas de alto riesgo (período de retorno de tan sólo 10 años). Además de tantas otras hectáreas de suelos calificados como no urbanizables donde hay desde campings hasta invernaderos y equipamientos.

En primer lugar, como en todo el mundo, tenemos miles y miles de edificaciones en zonas inundables fruto de asentamientos históricos junto a los ríos. Durante siglos, pueblos y ciudades nacieron y florecieron a orillas de los ríos, porque así se garantizaban el suministro de agua y constituían notables vías de comunicación. Era una época en la que las cuencas hidrográficas estaban muy poco, o nada, reguladas; no existían muchas estructuras protectoras, como diques o motas, y las inundaciones en los pueblos y ciudades eran bastante habituales. Hoy en día tenemos un testimonio muy vivo en las crónicas históricas de las que hablábamos anteriormente o en las placas en las fachadas de las casas que muestran hasta dónde llegó el agua en los episodios más violentos de riadas. Pasadas, limpiaban o reconstruían las edificaciones, según el impacto, y esperaban que llegara la siguiente.

Sin embargo, el gran cambio se produce en nuestro país, y en muchas áreas urbanas, a partir de mediados del siglo pasado. El cambio de modelo socioeconómico y territorial, con el éxodo rural, conduce al incremento progresivo de la población que se acumula en las incipientes áreas metropolitanas, a menudo en los valles bajos más cercanos a la costa. Este crecimiento urbanístico se desarrolla de forma muy rápida, sin apenas planificación alguna y con grandes carencias urbanísticas, de infraestructuras y servicios. En este contexto es cuando se producen las grandes catástrofes que todo el mundo recuerda, como la riada del Vallès del año 1962, que arrasó casas y áreas industriales, sobre todo de Terrassa, Rubí y Sabadell, que ocupaban ampliamente las orillas del río Ripoll, la riera de Les Fonts o la riera de Rubí. La precariedad de muchas viviendas, barrios de familias recién llegadas, hechos deprisa y corriente, hizo que su vulnerabilidad fuera muy elevada. El resultado fue la cifra de mil muertes y pérdidas multimillonarias, especialmente en el sector textil.

Tras este y otros trágicos episodios en numerosos puntos del territorio se decidió poner en marcha extensas obras de ingeniería destinadas a proteger los bienes y las personas del embate de los ríos, que deberían mantenerse dentro de los límites que nosotros les impondríamos. Así, fueron apareciendo nuevas presas, canalizaciones, diques de contención y motas, al tiempo que desaparecía la vegetación de las riberas y los cauces, sustituida por el hormigón o arrebatada por las “limpiezas” para evitar que entorpeciese el paso del agua .

El resultado fue que los ríos se convirtieron en conductos para la circulación del agua, con una sección calculada para garantizar la seguridad, sin muchos rastros de naturalidad. Las ciudades fueron creciendo de espaldas a los ríos, al tiempo que lanzaban residuos industriales y domésticos, convirtiéndolos en un vertedero a cielo abierto. Las obras hidráulicas conseguían su objetivo protector hasta que llegaba algún episodio extremo de precipitación, que hacía revenir los ríos por encima de motas, rompía diques y negaba los barrios que habían crecido junto a las barreras.

Además, la canalización de los ríos comportaba un recorrido mucho más rectilíneo, gracias a la eliminación de los enojos e inútiles meandros. Esto, sumado a las paredes de hormigón, sin vegetación ni obstáculo alguno que produjera el más mínimo rozamiento, provocaba que el agua, cuando había una crecida, tomara mucha más velocidad y energía que antes, y tuviera un poder mucho más destructor. Aguas abajo de los muros y canalizaciones, en zonas que habitualmente no habían sufrido los estragos de las avenidas, los ríos se desbordaban con una fuerza nunca vista. En estas últimas riadas de Valencia hemos podido comprobar cómo después del desvío y la canalización del cauce del Turia los peores estragos se han producido en el sur de la ciudad, donde confluyen la canalización del nuevo cauce y numerosos barrancos y rieras. Habíamos intentado enjaular a la bestia, pero se nos escapa por todas partes.

En 2000, la UE aprobó la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), el marco comunitario en materia de agua basado, entre otros elementos, en la visión integral del ciclo del agua , la mejora de la calidad de las masas de agua y los ecosistemas acuáticos, y la minimización de los efectos de las sequías e inundaciones. Entre los principales instrumentos, cabe destacar la evaluación y seguimiento de las masas de agua y la redacción de los planes hidrológicos de cuenca. A partir de esta normativa marco, en 2007 se aprobó la Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/CE), que la desarrolla en materia de gestión del riesgo para minimizar el impacto negativo de las inundaciones. Es a partir de su transposición a la legislación estatal que se ponen en marcha los distintos instrumentos de planificación y gestión, entre los que destaca el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI). En Cataluña, la ACA asume el liderazgo de la gestión del riesgo de inundación y, por tanto, las plenas competencias en la elaboración del PGRI del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña —lo que llamamos cuencas internas—, ya ​​que la cuenca del Ebro, al ser intercomunitaria (al igual que ocurre en el pequeño territorio del sur del Montsià, perteneciente a la cuenca del Xúquer) la competencia de la redacción del PGRI recae en la Confederación Hidrográfica correspondiente.

El PGRI de las cuencas internas incorpora todas aquellas medidas orientadas a reducir las consecuencias adversas que los episodios de inundación puedan ocasionar sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras, que hayan sido planificadas y /o programadas por los diversos organismos con competencias en la materia. Así pues, el PGRI integra los diferentes programas de medidas aprobados por las administraciones competentes.

El punto de partida es la cartografía que mencionábamos al principio, como punto de partida de la prevención del riesgo de inundación: mapas de peligrosidad y riesgo, zonificación del espacio fluvial y limitaciones a los usos y actividades en las zonas inundables. en base a ello, se planifican las medidas e instrumentos de prevención, protección y preparación frente a las inundaciones, así como las de recuperación post-inundación, en caso de que ésta se produzca.

Este marco europeo y todas las iniciativas desarrolladas por la ACA en los últimos años son un magnífico punto de partida para dar la vuelta al modelo caduco de gestión del agua y de los espacios fluviales. marcha numerosos proyectos y mecanismos en los tres ámbitos mencionados (prevención, protección y planificación de la emergencia), que han dado los primeros frutos. Sin embargo, existen todavía bastantes deficiencias en todos los ámbitos. que provocan que el riesgo de inundación constituya todavía una grave problemática en nuestro país.

En lo que se refiere a la preparación frente a las inundaciones se han mejorado sensiblemente la capacidad de predicción de los episodios de riesgo pero queda mucho trabajo por hacer en el campo de la planificación de la emergencia. Así, en las últimas semanas, tras las riadas en Valencia, ha aparecido en los medios la noticia de que 521 municipios de Catalunya están obligados a tener un plan de Protección Civil por riesgo de inundación. Más de la mitad no cumplen este requisito: 237 lo tienen caducado y 60 no lo han redactado todavía.

Cualquier persona puede consultar si su ayuntamiento tiene hecho -y vigente- el plan de emergencia por riesgo de inundaciones. Es evidente que la capacidad de anticipación y el tiempo disponible para planificar la respuesta a la emergencia son esenciales para reducir el riesgo y minimizar el impacto, especialmente sobre las personas. Tras los eventos del País Valenciano, la Generalitat de Cataluña ha manifestado que exigirá a todos los municipios que tengan hecho o actualizado el plan de protección civil en un máximo de dos años. Esperamos que esto se cumpla y que los municipios tengan el apoyo necesario para llevarlo a cabo.

En el ámbito de la prevención del riesgo de inundación y la protección frente a inundaciones, ya hemos indicado la complejidad que representa tener una gran superficie de áreas urbanizadas dentro de zonas inundables. En primer lugar, debería garantizarse que esta superficie no se incrementara. Parecería que con los mapas de riesgo y la legislación actual esto debería estar asegurado. Sin embargo, no es exactamente así. La ACA debe emitir informes previos al establecimiento de posibles nuevos usos y actividades en zonas inundables, pero estos dictámenes no son vinculantes. Es decir, las Comisiones Territoriales de Urbanismo deben tenerlos en cuenta pero pueden aprobar nuevos crecimientos en zonas inundables en determinadas circunstancias estableciendo ciertas medidas de protección. En la situación actual y los escenarios de futuro que se prevén, la autorización de nuevas edificaciones y transformaciones en zonas inundables deberían producirse tan sólo en condiciones muy determinadas y siempre con el informe favorable de la ACA, que debería ser vinculante. No podemos seguir ocupando más zonas con riesgo de inundación. La tendencia debería ser justamente la contraria.