¡Hoy empieza todo!

Este 17 de junio de 2020 el Parlament de Catalunya ha aprobado la Ley de creación de la Agencia de la Naturaleza de Catalunya con un amplio consenso político. Finalmente, 35 años después de la aprobación de la Ley de Espacios Naturales —todavía vigente, desafortunadamente, una legislación más que obsoleta y ineficaz—, 23 años más tarde del primer proyecto de creación de la Agencia, y 15 después del Anteproyecto de Ley presentado por el Consejero Salvador Milà, la Agencia es hoy una realidad.

Los motivos de este largo calvario son numerosos y diversos, algunos de ellos de carácter general, como la inestabilidad políticas durante los últimos veinte años; otros, más específicos, desde la indiferencia política hacia la conservación de la naturaleza, tratada como una política sectorial de segunda categoría, con honrosas excepciones, hasta los intereses de determinados partidos y grupos de presión para no perder un ápice de su poder sobre el territorio y los réditos políticos, sociales y económicos que este les genera. Sin embargo, no es mi voluntad diseccionar el largo, tortuoso y menudo triste proceso que nos ha llevado hasta aquí —diversas voces muy reconocidas lo han hecho estos días con claridad y solvencia —, sino tratar de compartir algunas reflexiones sobre el camino que se inicia a partir de ahora.

Como se dice habitualmente, esta aprobación no representa el final de nada sino el principio de todo. Aunque se ha abusado hasta la saciedad de esta frase, creo que en esta ocasión se puede aplicar con toda su fuerza. De hecho, esperamos que sí, que la creación de la Agencia represente al menos el final del despropósito de tantos años de idas, venidas, despedazamientos, dejadeces y desprecios de las competencias y responsabilidades en la conservación de la naturaleza en Catalunya. Ahora bien, a partir de ahí, lo que termine siendo la Agencia dependerá en total medida de lo que los gobiernos de las sucesivas legislaturas decidan que sea. Y del control democrático que la sociedad llevemos a cabo, evidentemente.

La creación de la Agencia representa el final del despropósito de tantos años de idas, venidas, despedazamientos, dejadeces y desprecios de las competencias y responsabilidades en la conservación de la naturaleza en Catalunya.

La Agencia, como no se han cansado de repetir sus principales impulsores, sobre todo para contrarrestar las críticas equivocas que nos querían hacer creer que la creación de la nueva entidad provocaría la inmovilización absoluta de la setenta por ciento del territorio, la agencia, decía, no es más que un instrumento. Como un martillo, que te permite clavar una alcayata para colgar un cuadro o destrozarte la uña del dedo gordo, según como lo uses. Igualmente, la Agencia podrá contribuir decisivamente a cambiar las políticas de conservación y enderezar nuestro modelo de relación con la naturaleza, o simplemente hacer ver que lo cambia todo para que en realidad no cambie nada. Sin embargo, ahora que tenemos el bebé en brazos no puedo dejar de desearle todo lo mejor y de hacerle, asimismo, algunas humildes peticiones.

De entrada, que el concepto y el objetivo en sí mismos de la Agencia ya no tengan marcha atrás. Es decir, que el conjunto de las competencias de nuestro país en materia de conservación, que incluyen la investigación, la planificación, la restauración, la gestión, el seguimiento y la evaluación del patrimonio natural, estén en un único organismo, dependiente del departamento de políticas ambiental, dotado de los recursos legales, humanos y materiales para ejercerlas de forma eficaz y efectiva. Es lo mínimo que se puede pedir, ¿verdad? Pues hasta hoy no lo habíamos tenido. A partir de aquí, la ciudadanía exigiremos la correspondiente rendición de cuentas, como debe ser en todas las políticas públicas. Lo mismo que sucede en los países y regiones más avanzados de Europa desde hace muchos años —Francia, Finlandia, Escocia, Inglaterra, Valonia... — sin que ello haya paralizado las correspondientes economías. Al contrario. La naturaleza está en el mismo centro del progreso, de la salud, del bienestar.

Por fin la investigación, la planificación, la restauración, la gestión, el seguimiento y la evaluación del patrimonio natural, están en un único organismo.

Sobre los recursos necesarios, seguro que tardaremos varios años en alcanzar el marco adecuado, pero hay que empezar a trabajar desde el primer momento. A falta de una Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, otra de las grandes carencias de nuestro país, contamos con una serie de normas de carácter europeo, estatal y catalán, que conjuntamente con los compromisos internacionales, constituyen un contexto suficiente para ir mucho más allá de donde estamos ahora. En este sentido, la Estrategia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Catalunya 2030, aprobada por el Govern el año 2018, representa un buen punto de partida que marca las grandes líneas y acciones prioritarias para los próximos años.

El hecho de que la Agencia haya nacido como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia le debe otorgar la agilidad y flexibilidad necesaria para dimensionar y distribuir equipos humanos y recursos materiales allí donde hagan más falta, en razón de la elevada complejidad que tiene la gestión de la naturaleza y la continua adaptabilidad que requiere por parte las gestores. Una de las principales quejas de muchos de los detractores de la Agencia era que los espacios bandera de la conservación, los espacios naturales de protección especial, constituían una excelente muestra de las equivocaciones de estas políticas, debido a la falta de gestión existente. Hay que reconocer que la incapacidad para gestionar adecuadamente las áreas protegidas ha sido notable en los últimos años, especialmente durante el período posterior a los recortes de los presupuestos públicos tras la crisis de 2008. Muchos parques naturales se quedaron prácticamente sin personal de mantenimiento, muchos equipamientos de visitantes no pudieron ni abrir y la gestión mínima vinculada a la conservación fue inexistente. Pero no por la voluntad de hacerlo así, se aplica la no gestión como modelo, sino simplemente por el estrangulamiento extremo de recursos.

Hemos de poder demostrar que la gestión activa y efectiva para la conservación no inmoviliza el territorio.

Esto no puede volver a suceder. Y hemos de poder demostrar que la gestión activa y efectiva para la conservación no inmoviliza el territorio. Al contrario. Apostando por invertir en conservación debemos hacer patentes a la sociedad, en forma de progreso y bienestar, aquellas cifras de retorno de 9 euros de impacto económico directo e indirecto por cada euro invertido en espacios naturales protegidos, que aumentan hasta 22 euros si se considera el valor de todos los beneficios que los ecosistemas ofrecen a las personas. Para garantizar estos recursos económicos, la Ley de la Agencia prevé diversas fuentes de financiación, una de las más relevantes de las cuales, al menos en la actualidad, es el Fondo para el patrimonio natural, que permitiría, por lo menos, multiplicar por tres el presupuesto destinado a conservación.

Durante estos días hemos oído decir que la Agencia debe ser generosa. Sin duda. Pero siempre con la condición de que su objetivo primero sea la conservación de la naturaleza y los beneficios para la sociedad que esto significa, por lo tanto, la defensa del bien común. Todos los esfuerzos deben ir en este sentido. Se acabó el estirar y deformar las directrices de conservación que define, por ejemplo, la Unión Europea asociadas a la aplicación de sus fondos, y torturar el contenido de sus líneas estratégicas en conservación (a través de los denominados Marcos de Acción Prioritaria) hasta que coincidían con lo que quería hacer en realidad. Y que a menudo no tenía nada que ver con la conservación. Lo que decíamos antes de buscar la brecha que nos permita que, a pesar de todo, no cambie nada.

Se acabó el estirar y deformar las directrices de conservación y torturar el contenido de sus líneas estratégicas hasta que coincidían con lo que quería hacer en realidad.

Existen numerosos fondos provenientes de la Unión Europea, de España o de los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para incentivar el turismo sostenible, el desarrollo rural, la producción agraria o la gestión forestal. Sólo por poner un ejemplo, los últimos diez años las ayudas de la Política Agraria Común han representado para Catalunya del orden de los 3.300 millones de euros, divididos entre pagos directos a los productores, medidas de mercado y apoyo al desarrollo rural. Unos fondos totalmente necesarios, por otra parte.

En este contexto, no parece una propuesta draconiana exigir que, entre otras medidas, el Fondo del Patrimonio Natural, que se calcula represente el orden de los 40 millones de euros este 2020 (dependiendo del impacto de la crisis actual ) se destine íntegramente a políticas de conservación. Este, y otros fondos de los que se nutrirá la Agencia, llegarán igualmente al territorio, pero priorizando siempre las acciones que tengan un impacto más positivo sobre el estado de conservación del patrimonio natural y sobre los beneficios que genera. No nos debe dar miedo hablar de conservación, porque no va en contra de nadie, sino a favor de todos. Igual que debemos apostar de verdad por la economía del bien común, por la equidad, por la justicia social. Todas ellas son piezas imprescindibles de la nueva imagen del país que debemos construir urgentemente.

La Agencia debe ser sin duda generosa, abriéndose a la sociedad para incorporar todos los territorios desde el primer momento.

Sobre esta base de ecuanimidad y coherencia, con el objetivo primero de la conservación del patrimonio natural, la Agencia debe ser sin duda generosa, abriéndose a la sociedad para incorporar todos los territorios desde el primer momento. Porque la administración pública responsable de la conservación también debe cambiar radicalmente de modelo. Para ello se ha creado la Agencia.

En primer lugar, las políticas de conservación y las líneas de acción prioritarias deben basarse en un conocimiento preciso, riguroso y actualizado del estado, la dinámica y las presiones sobre el patrimonio natural. Bajo esta premisa, resulta esencial la puesta en marcha del Observatorio del Patrimonio Natural de Catalunya, un proyecto en el que la Generalitat lleva trabajando desde hace años para garantizar que las políticas públicas de conservación se desarrollen en base a la mejor información posible. Para hacerlo realidad, el Observatorio, además de poner en marcha determinadas líneas de investigación para cubrir algunas carencias básicas de información, es una iniciativa principalmente destinada a coordinar la investigación que en la actualidad ya se está llevando a cabo —en centros como el CREAF, el CTFC o del ICTA, por ejemplo— y elaborarla adecuadamente para que esté disponible para la toma de decisiones en todo momento. Es decir, garantizar en lo posible que todas las acciones tengan una base científica sólida, que evite dinámicas erráticas, tachadas a veces incluso de discrecionales. Seguro que el papel del nuevo Consejo Científico que se vinculará a la Agencia será clave en la mejora de este aspecto.

Además, la disponibilidad de indicadores claros y el conocimiento de su evolución a lo largo del tiempo debe establecer otro de los pilares sobre los que ha de fundamentarse la Agencia: la evaluación de las políticas y la rendición de cuentas a la sociedad. Del mismo modo que los criterios de conservación deben ser rigurosos y públicos, también lo tienen que ser los informes periódicos indicando la dinámica de los elementos del patrimonio natural y el grado de eficacia de las actuaciones llevadas a cabo. Y en base a ello, profundizar en lo que ha demostrado su utilidad y replantear de manera dialogada aquellas iniciativas que no han tenido el impacto positivo que se esperaba. En una democracia madura, no hay otra manera de hacer las cosas.

El desarrollo de los criterios e iniciativas de conservación, basados en la mejor información disponible, se deben desarrollar sobre el territorio con la absoluta complicidad de las personas que viven en él, adaptándolos a las realidades de cada espacio y asegurando que los beneficios públicos universales asociados a la conservación no sean a costa de las cargas a ningún privado. 

A partir de aquí, generosidad, consenso, implicación, transversalidad, descentralización... prácticamente sin límites, para alcanzar el cambio estructural que hace falta. El desarrollo de los criterios e iniciativas de conservación, basados en la mejor información disponible que mencionábamos, se deben desarrollar sobre el territorio con la absoluta complicidad de las personas que viven en él, adaptándolos a las realidades de cada espacio y asegurando que los beneficios públicos universales asociados a la conservación no sean a costa de las cargas a ningún privado. Y si en algún caso lo son, prever las compensaciones necesarias. Esta debe ser la base del nuevo modelo.

El conocimiento del territorio, y de los principales retos de conservación en cada caso, el debate sin apriorismos con los actores implicados, y la disponibilidad de recursos para garantizar la viabilidad de las propuestas deben permitir la aplicación progresiva de las políticas de conservación de manera que realmente beneficien a todos. Para ello, la Agencia debe tener presencia permanente sobre el territorio, especialmente en aquellos lugares donde los retos son mayores y los estímulos para el cambio más provechosos. La confianza pide voluntad, tiempo y continuidad. Recuerdo una visita hace ya años al Parque Nacional de Dartmoor, en Inglaterra, un territorio poco poblado con una grave problemática de subsistencia del sector agrario. Una técnica del parque me llevó a visitar una granja donde nos esperaba la propietaria con un té con pastas. Muy inglés. La mujer me explicó que de primeras no quería saber nada del parque, que lo veía sólo como un obstáculo más al ya bastante complicado negocio de la granja. Cuando le pregunté qué había cambiado desde entonces me dijo sin dudar: "Que ahora el parque tiene una cara humana". Y fijó la mirada en mi acompañante.

Sin querer dar lecciones, creo que la Agencia debe poner caras a la conservación. Personas expertas en gestión del patrimonio natural, pero también en el conocimiento de las características de cada territorio y en el trato con las otras personas. La Agencia debe saber explicar los objetivos y acciones, sin prisas, desarrollando primero los puntos de mayor consenso, debatiendo y modificando aquellos que quizás no están suficientemente claros, y rectificando cuando sea necesario lo que no esté bien formulado. Y luego, avanzando conjuntamente con todas las personas directamente implicadas en las diferentes iniciativas, definiendo juntos la mejor manera de aplicarlas en cada caso, buscando los fondos necesarios para que el esfuerzo no recaiga sobre los hombros de los particulares y, en definitiva, garantizando que el beneficio público vaya siempre de la mano de mejoras en la calidad de vida de personas, empresas y entidades involucradas en las actuaciones de conservación. Si la sociedad, en todos sus sectores y territorios, no sale ganando con las acciones de conservación, la Agencia no habrá alcanzado su principal objetivo.

La Agencia poner cara a la conservación, debe saber explicar los objetivos y acciones, sin prisas, desarrollando primero los puntos de mayor consenso, debatiendo y modificando aquellos que quizás no están suficientemente claros, y rectificando cuando sea necesario lo que no esté bien formulado. 

Las formas, especialmente en los últimos tiempos, han alejado colectivos que en el fondo no están nada distantes. En el caso del mundo rural, los procesos que más preocupan a los productores agrarios y forestales son en gran parte los mismos que preocupan al mundo de la conservación. La importación de productos alimenticios y forestales a bajo precio procedentes de la otra punta del planeta, probablemente extraídos con un gran impacto ambiental asociado, ha dejado fuera del mercado muchas explotaciones de nuestro entorno, sobre todo las más pequeñas, de base familiar, y que más pueden aportar a la conservación. La pérdida de rentabilidad los aboca a menudo al cese de la actividad primaria y el abandono humano del territorio. Esto es, en muchos casos, también nefasto para determinados objetivos de conservación, ya que se pierden hábitats abiertos asociados a la actividad agraria, de gran valor, se homogeneízan los paisajes, se incrementa el riesgo de grandes incendios forestales y se pierde un valioso patrimonio y cultural, entre muchas otras cosas.

La intensificación y el abandono son dos de las principales problemáticas que inciden tanto en el mundo agrario como en la conservación de la biodiversidad. Aquí encontraremos un amplio campo para correr conjuntamente, utilizando el conocimiento común y los recursos existentes para definir objetivos compartidos e incrementar el valor añadido de la actividad agraria basada en unos productos de calidad, proximidad y beneficiosos para los sistemas naturales. El desafío es notable, ya que en muchos casos implica cambios importantes en la manera de hacer por todas las partes, pero es inevitable, tanto para la viabilidad económica como para la mejora del patrimonio natural. Y sin olvidar la necesidad de explicarlo al mismo tiempo a los consumidores, muchos de ellos ciudadanos que no son del todo conscientes de la encrucijada en la que nos encontramos. O todo el mundo apuesta por el cambio o nadie saldrá beneficiado.

Durante la segunda mitad del siglo pasado se pusieron en marcha los llamados servicios de extensión agraria, unas oficinas repartidas entonces por todo el territorio español para desarrollar el cambio radical en la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Introducción de nuevos cultivos y razas de ganado, mecanización del campo, utilización de fertilizantes, plaguicidas, etc. Hoy en día nos podemos mirar la denominada "revolución verde" con más o menos simpatía —siempre es fácil caer en el revisionismo crítico o condescendiente—, pero aquel cambio radical sólo fue posible, además de disponer de muchos recursos económicos, por la presencia total y continuada de personas expertas y sensibles en todo el territorio.

En mi modesta opinión, el cambio que se plantea actualmente precisa de una intensidad y un compromiso similar, si queremos alcanzar los objetivos asociados a las graves problemáticas ambientales, dentro de los plazos de urgencia que plantea el mundo científico. Esto requiere de un esfuerzo común por parte del mundo urbano y de la mundo rural, juntos, como componentes de un solo territorio y no como dos realidades artificialmente confrontadas. La Ley establece que en el plazo de un año se deben aprobar los Estatutos de la Agencia. Son doce meses para definir y debatir cómo entendemos y concretamos el nuevo modelo por parte de todos los sectores implicados: administraciones de los distintos departamentos y niveles territoriales, propietarios, empresas, científicos, tercer sector y sociedad en general. Un debate que ojalá pueda darle la vuelta al sentimiento de una cierta falta de diálogo durante la tramitación de la Ley, ya que, al ser impulsada como Proposición de Ley fue discutida en el seno de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, con las correspondientes comparecencias, pero seguramente sin llegar al territorio tanto como hubiera sido deseable. A partir de ahora, el esfuerzo para construir puentes y tejer complicidades es enorme, pero las consecuencias de no hacerlo y no conseguir el cambio necesario son de un alcance imprevisible. Estoy convencido de que los órganos de dirección de la Agencia, con presencia de todos los sectores públicos y privados mencionados, puede ser un muy buen foro para forjar este imprescindible consenso.

Un año para poner los fundamentos científicos, técnicos, económicos y sociales de un nuevo paradigma. De una nueva manera de hacer que irá consolidándose y creciendo en los próximos años, si se desarrolla correctamente, o de un nuevo fracaso que, a estas alturas, no nos podemos permitir. Ojalá todos puedan decir que por su parte no quedará. Por la mía, seguro que no. El esfuerzo de las personas que lo han conseguido y la memoria de las que tanto lucharon bien lo merecen.